Resumen en Español :
Los esfuerzos internacionales y nacionales para combatir los delitos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT) han generado un marco regulatorio robusto y complejo, donde los matriculados en ciencias económicas (contadores en su rol de auditor de estados contables y/o síndico societario, según la normativa que se tome como referencia) como sujetos obligados juegan un papel crucial.
En 2024, se realizaron, en la normas argentinas de PLAFT, una serie de modificaciones sustanciales que afectan a todos los sujetos en general y, particularmente, a los contadores públicos, lo que compromete a los profesionales a actualizarse en esta temática de forma inmediata y permanente, atentos a cada interrogante, aclaración y resolución al respecto.
Pretendemos en esta investigación, comparar el marco legal y reglamentario anterior y actual para identificar las modificaciones más relevantes, entender las razones que motivaron cada cambio y su congruencia con la normativa internacional y describir el efecto de tales reformas en la labor del contador síndico societario o auditor, según corresponda.
Se abordará el tema desde lo general a lo específico, proporcionando una comprensión
integral de la evolución normativa. Desarrollaremos una investigación de tipo cualitativo, mediante la recolección y análisis de datos secundarios y exploración bibliográfica con un enfoque descriptivo y comparativo.
Como resultado, podemos concluir que la Ley Nº 27.739 moderniza la legislación argentina en materia de PLAFT, siguiendo la tendencia y paradigma mundial. En el papel de sujeto obligado del matriculado en ciencias económicas, contador público, destacamos: 5 actividades específicas incorporadas, eliminación de la actividad en el rol del contador público como síndico societario, modificación de parámetros de análisis de clientes auditados para la tarea de auditoría, informes técnicos de autoevaluación de riesgos, 3 tipos de reportes sistemáticos y la implementación de un enfoque basado en el riesgo para la segmentación de clientes, siguiendo las normativas internacionales.
Asimismo, se han modificado los plazos para la presentación de reportes de operaciones sospechosas, acelerando el proceso de detección y análisis de actividades ilícitas.
Ahora bien, estas medidas, si bien refuerzan la capacidad del Estado para combatir los delitos, requieren que los profesionales adapten sus prácticas y procedimientos, por lo que la eficacia de estas reformas dependerá de la correcta implementación y del continuo ajuste a las nuevas realidades tecnológicas y económicas.
